En el octavo día de acampe en el acceso a Misión Nueva Pompeya, las comunidades del Pueblo Wichí profundizaron sus medidas de lucha con una masiva movilización de 2 kilómetros por el centro de la localidad que culminó frente al edificio Multifueros del Poder Judicial, dónde realizaron un importante acto.
Ante la total falta de respuestas del Gobierno provincial, las comunidades concentran sus esperanzas en una definición de la Justicia que frene una crisis humanitaria.
La protesta apela a dos frentes que deben responder urgente: El Gobierno Provincial y Nacional para que asista la emergencia, y una exigencia al Superior Tribunal de Justicia, para que apruebe una medida cautelar clave para el territorio.
La Cautelar: Ampliar la protección histórica contra el «exterminio»
El eje central de la asamblea comunitaria se concentró en el estado de la medida cautelar solicitada para la zona de General Güemes. El objetivo primordial de esta medida es obligar formalmente al Gobierno a garantizar de manera urgente la entrega de agua potable y alimentos.
Así lo explicó la Defensora Adjunta del poder judicial Gisela Gauna Wirz, quien presentó la cautelar y participó ayer en la asamblea de las comunidades.
Esta nueva medida busca alcanzar y proteger a las amplias zonas territoriales que en su momento quedaron fuera de la histórica cautelar del año 2007, (dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación), la cual sigue vigente. Aquel fallo asentó un precedente al declarar oficialmente que las condiciones de abandono del Estado hacia los pueblos originarios de la región constituían un verdadero «exterminio silencioso».
A la nueva cautelar planteada para la zona Wichí, el juez que originalmente había dado lugar a la solicitud renunció hace seis meses tras recibir severas amenazas contra su familia, según él mismo denunciara, y tuvo pedido de un yuri de enjuiciamiento por parte de los diputados oficialistas.
El Gobierno apeló la resolución del juez, y ahora la decisión final está en el Superior Tribunal de Justicia.
La comunidad exige que el tribunal se constituya formalmente y apruebe la medida sin más demoras.
«Nuestras condiciones de vida y de muerte se ven todos los días. Son producto del hambre y las condiciones de vida a la que fuimos sometidos por políticas de los gobiernos nacional y provincial desde hace muchos años», expresaron los voceros, explicando la realidad actual como la continuidad y el agravamiento de aquel «genocidio silencioso».
Mientras tanto, la jueza María Soledad Serrano (Juzgado Civil y Comercial N° 6 de Resistencia) intimó al Gobierno del Chaco, otorgándole un plazo de dos días hábiles para demostrar documentalmente qué acciones tangibles está ejecutando para garantizar agua y
comida a las comunidades de Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y los parajes rurales del departamento General Güemes, ante el avance alarmante de la desnutrición y la tuberculosis.
Dolor en el acampe: Llegó el cuerpo de Sara Maldonado
La indignación de la asamblea se transformó en luto tras confirmarse la llegada a Pompeya del cuerpo de la señora de la comunidad wichí, Sara Maldonado, luego de tres días de intensos reclamos para que el Gobierno provincial resolviera su traslado desde Castelli.
En el día de hoy se realizará su santa sepultura en el cementerio de Pozo del Toba, en Misión Nueva Pompeya.
Plan de Acción para el Fin de Semana
Lejos de desgastarse, el acampe en «la balanza vieja» continúa en lucha y recibiendo donaciones de los pobladores locales, así como de sindicatos, estudiantes, organizaciones sociales.
Durante el fin de semana, el acampe seguirá en asambleas para definir los pasos a seguir s partir del lunes, los representantes del acampe irán a las radios comunitarias para difundir la situación y el domingo se hará un culto con pastores de distintas iglesias.
